Ante el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Mesa del Tercer Sector de Cataluña y DIPLOCAT han organizado un debate sobre la garantía de ingresos mínimos, una política clave para reducir la pobreza agravada por la pandemia

El 21% de la población europea está en riesgo de pobreza o exclusión social (92,4 millones de personas), según los últimos datos de Eurostat (Living conditions in Europe, poverty and social exclusion. Octubre 2020). La pobreza golpea más a las mujeres que a los hombres (22% mujeres vs. 20% hombres), a los hogares monoparentales (2 de cada 5 son pobres, 40%) y a las personas jóvenes de 18 a 24 años (27%). Con respecto a la radiografía española y catalana, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es del 26%. Se calcula que en el Estado hay 4,5 millones de personas (9,5% de la población) que viven en situación de pobreza severa, es decir, que sobreviven con menos de 535€ al mes para cubrir todas las necesidades como vivienda, alimentación, ropa, energía, etc. (EAPN SE El Mapa de la pobreza severa en España. Septiembre, 2021). En Cataluña, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es del 26% (más de 1.600.000 personas), los peores datos de pobreza de los últimos 10 años, y de estas unas 850.000 estarían en una situación de pobreza severa (Encuesta de Condiciones de Vida. IDESCAT, 2021).

El presidente del CTESC, Toni Mora, ha dado la bienvenida a los participantes y acto seguido lo ha hecho también la Secretaria General de DIPLOCAT. Laura Foraster se ha referido al noble objetivo de erradicar la pobreza y ha denunciado la paradoja que "en un mundo con un elevado grado de desarrollo económico, recursos financieros y tecnológicos, desgraciadamente todavía hay miles de personas que viven en la pobreza dentro de las fronteras de Europa". También ha recordado que ésta no afecta sólo a personas excluidas del mercado de trabajo, sino también a trabajadores y trabajadoras "que llevan a cabo sus actividades profesionales en condiciones precarias, que no les permiten salir del círculo de la pobreza".

La presidenta de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, Francina Alsina, ha asegurado que los datos de pobreza en Cataluña son "los peores de los últimos 10 años" porque "las políticas sociales que se han aplicado en esta última década no han funcionado. El sistema de protección y derechos sociales no es suficiente y tampoco tiene bastante musculatura para hacer frente a los graves estragos de la actual crisis social". En este sentido, reclama "revisar bien todas las herramientas y medidas que se han desarrollado en la última década para ver porque siguen atascadas" y ha recordado que también "hay que ver qué están haciendo otros territorios europeos a la hora de afrontar este reto [el de la reducción de la pobreza], porque es global."

A continuación han intervenido al profesor Manuel Aguilar, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona, que ha explicado los diferentes mecanismos que  tienen los estados para establecer una garantía de ingresos para la ciudadanía, y el profesor Giovanni Gallo, de la Universidad Sapienza de Roma, que ha hablado del marco europeo, de los pasos y las prioridades adoptados por la UE para asegurar el ingreso mínimo y la adecuación de los salarios mínimos en los estados miembros, pero también de la diversidad de criterios y la jungla burocrática que a menudo implican.

Las buenas prácticas europeas han centrado la segunda parte del debate, en el que se ha contado con las experiencias de Finlandia, Alemania, Escocia y Cataluña, que mediante diferentes sistemas tratan de garantizar los recursos mínimos que son necesarios para que las personas con más dificultades puedan cubrir sus necesidades más básicas y, por lo tanto, tengan una vida digna.

• El caso de Finlandia lo ha explicado Minna Ylikännö, especialista sénior en el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo. Entre 2017-2018, Finlandia aplicó una prueba piloto de renta básica universal, proporcionando unos ingresos mínimos (560 €/mes, sin ninguna condición) a 2.000 personas que estaban en el paro. Las conclusiones son que no se desincentiva la búsqueda de trabajo y que hay una ligera mejora del nivel de vida y sobre todo una mejora del bienestar mental.
• Arne Baumann, Jefe del Secretariado de la Comisión del Salario Mínimo en Alemania, explicó que éste se introdujo en el 2015 después del debate político sobre las reformas radicales del mercado laboral del 2003-2005. Actualmente, el salario mínimo por hora en Alemania es de 9,60 € y los incrementos se deciden cada dos años. El Secretariado que dirige Baumann es responsable de la evaluación del impacto del salario mínimo. Lo que observan es un aumento significativo de los salarios por hora en la parte inferior de la distribución salarial, un impacto muy menor en los salarios mensuales a causa de los minijobs (empleo reducido), y que el riesgo de pobreza no varía significativamente, ya que a menudo es más el resultado de pocas horas de trabajo (o ninguno) en lugar de un salario bajo por hora.
• El caso de Escocia lo ha explicado Joey Laurie, responsable en Homes for Good al apoyo al arrendamiento y el alquiler. Ha hablado del crédito universal, que es una sola prestación destinada a cubrir todas las necesidades más básicas en un pago único. Está destinada a personas con pocos ingresos, sin trabajo o que no pueden trabajar y se paga mensualmente (en algunos casos dos veces en el mes). El crédito universal integra 6 prestaciones, como una ventanilla única, que unifica 6 ayudas, entre las cuales una prestación para la infancia, la vivienda o el subsidio de empleo.
• Finalmente, Òscar Riu, Director General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo y Seguridad y Salud Laboral de la Generalitat de Catalunya, ha hablado de los planes del gobierno en este ámbito. Ha explicado que han aprobado una estrategia sobre empleo hasta el 2030 y que hay que trabajar todavía más para reducir las situaciones de precariedad y vulnerabilidad. También se ha referido a la renta garantizada de ciudadanía (RGC), una herramienta impulsada desde el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales que busca la inserción y la autonomía de las personas a partir de valores como la universalidad, la solidaridad y la complementariedad. Según Riu, sin embargo, el objetivo es que las personas que la necesiten se vean obligadas a utilizarla el mínimo tiempo posible