DIPLOCAT y la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña organizan el primer acto en línea del ciclo Debates Europa Social

La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña y DIPLOCAT, en colaboración con la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Fundación Pere Tarrés - Universidad Ramon Llull, han inaugurado esta mañana el nuevo ciclo Europa Social con el debate 'Derecho a la vivienda social, una perspectiva europea.'

Este primer debate del ciclo ha tratado la situación de la vivienda social desde la experiencia de diferentes territorios europeos: Cataluña, Finlandia, Escocia y Austria, en concreto su capital, Viena. En la mesa redonda han participado Carme Trilla, Presidenta de la Fundación Hàbitat3 (Cataluña), gestora de vivienda de alquiler social que quiere garantizar el acceso a este derecho a personas en situación de vulnerabilidad; Juha Kaakinen, CEO en Y-Foundation (Finlandia), entidad que trabaja para aumentar el parque de vivienda asequible de alquiler para ponerlo a disposición de las personas sin hogar; Susan Aktemel, directora ejecutiva en Homes for Good (Escocia), administradora de fincas sociales que ayuda vecinos y vecinas con ingresos bajos y con dificultades para acceder a una vivienda asequible del entorno de Glasgow y el oeste de Escocia; y Georg Niedermühlbichler, miembro del Parlamento del Estado de Viena y del Ayuntamiento de Viena (Austria). La capital austríaca es todo un referente europeo porque su consistorio hace más de 100 años que promociona vivienda social.

Según el último informe Eurostat, "uno de cada cuatro europeos tiene serias dificultades para pagar los costes de la vivienda y se destinan más del 40% de los ingresos para pagarlo", ha explicado Javier Burón, Gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, que ha hecho una radiografía sobre la situación de la vivienda social en Europa y ha destacado que España es uno de los cinco países en que los problemas en relación a la vivienda son mayores, junto con Grecia, Bulgaria, Rumania y Hungría. Burón ha avisado de que "se necesitarán décadas" para poder acercarse a las políticas de vivienda de otros territorios europeos: "para pasar de menos del 2% [del parque de vivienda social en Cataluña y España] al 10% o superar el 20% no se podrá hacer ni en 2, ni en 3, ni en 10 ni en 20 años, sino que es un reto de país". También prevé que, después de la Covid-19, habrá un fuerte aumento de la demanda del alquiler, sobre todo en las zonas urbanas; un "incremento fuerte" de la demanda de vivienda social y asequible sobre todo cuando se levanten medidas extraordinarias como las moratorias del pago del alquiler e hipoteca y, como consecuencia, un crecimiento "muy alto" de los desahucios y de impagos del alquiler.

El debate también ha permitido ver las diferencias con respecto a la situación del parque de vivienda social. "Es muy difícil no estar en la cola, si comparamos lo que pasa en Cataluña respecto de otros territorios europeos. Aquí se destina el 0,1% del PIB a políticas de vivienda frente el 0,6% de la media europea" ha apuntado Francina Alsina, presidenta de la Mesa del Tercer Sector. Un reto mayúsculo que se está abordando de manera muy diferente. "El derecho a la vivienda permite asegurar otros derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la salud y la educación. Sin embargo, las políticas de las administraciones públicas en materia de vivienda son muy diversas entre los estados miembros de la Unión Europea" ha asegurado Laura Foraster, secretaria general de DIPLOCAT.

Estas diferencias se evidencian, por ejemplo, en el parque de vivienda social. En Cataluña es del 1,6% (47.000 viviendas entre públicos, de entidades sociales y cedidas por particulares); en Finlandia es del 13%, en Escocia es del 23% (600.000 viviendas gestionadas por municipios y asociaciones gestoras de vivienda) y en Austria (24%) y, en concreto en Viena, más del 60% de los vieneses y vienesas viven en viviendas públicas o sociales, lo que equivale además de 220.000 hogares.

Ocho recomendaciones

A partir de las experiencias de los diferentes territorios, el debate Europa Social ha permitido profundizar en cuáles son aquellos aspectos y medidas de éxito clave para mejorar las políticas de vivienda y asegurar el acceso a este derecho a la ciudadanía, sobre todo la más vulnerable:

1. Disponer de una normativa clara y concreta: definición clara sobre quién tiene acceso a la vivienda social, fomento de la construcción de vivienda social apostando y priorizando la calidad, regular el apoyo público a las personas para hacer frente a los gastos de la vivienda, etc.
2. Regular de forma exigente las viviendas sociales para conseguir la excelencia en la gestión.
3. Crear políticas concertadas con los agentes privados.
4. Dar incentivos fiscales a los propietarios particulares de edificios y apoyo a la rehabilitación de viviendas con la finalidad de mantener a precio bajo los precios del alquiler.
5. Invertir en la compra de suelo para la construcción de vivienda social y, así, disminuir la dependencia respecto al sector privado.
6. Promover la participación de las personas inquilinas en el diseño y desarrollo de las políticas de vivienda locales.
7. Invertir en una infraestructura profesional importante: implicación de las universidades, creación de programas para implicar a las personas jóvenes, etc.
8. Crear redes robustas para el fomento de la vivienda social entre todos los agentes que intervienen.